Balconeando / ¿Cómo se llamó la obra?

Por Alejandro Barañano

PRIMER ACTO:

Hace unos días atrás el Semanario Zeta y Sin Embargo MX –bajo la pluma de Inés García Ramos- levantaron ámpula al dar a conocer que en la revisión de diez fondos federales que recibió el Gobierno de Baja California Sur en el año del 2016, la Auditoría Superior de la Federación detectó recursos por mil 227 millones 27 mil 600 pesos mal ejercidos.

De estos, y de acuerdo al reportaje de ambos periódicos digitales, mil 165 millones 195 mil 100 pesos fueron catalogados como “recuperaciones probables” o desvíos, o sea que fueron recursos que no fueron utilizados para lo que se presupuestó ni se localizaron en las cuentas bancarias del Gobierno del Estado.

Los otros 61 millones 832 mil 500 pesos restantes se conforman con aquellos fondos que no fueron usados a pesar de haber sido transferidos a la administración estatal y que se reintegraron por ende a la Tesorería de la Federación.

Así la periodista Inés García Ramos explicó perfectamente bien que el rubro que presenta el mayor quebranto al erario público, es el fondo denominado “Gasto federalizado a los entes ejecutores de la entidad federativa y sus municipios”, y por el que la administración de Carlos Mendoza Davis recibió 2 mil 743 millones 517 mil 400 pesos.

También se dio a conocer que la totalidad del monto comentado, fue revisado por la Administración Superior de la Federación, la cual concluyó el 30 de junio pasado que el gobierno de Baja California Sur no acreditó el entero a los ejecutores el 21.3 por ciento de los recursos federales transferidos. Esto significa un daño a la Hacienda Pública por 585 millones 522 mil 700 pesos.

Y lo más alarmante es que estos poco más de 585 millones de pesos de los que se habla en sendos reportajes, debieron haberse invertido en programas de apoyo a cultura, deporte, perspectiva de género, tratamiento de aguas residuales, desarrollo turístico, pueblos mágicos y atención médica, por lo que a manera de conclusión, la Administración Superior de la Federación determinó textualmente que “el gobierno del Estado de Baja California Sur no realizó una gestión eficiente y transparente de los recursos del gasto federalizado”.

SEGUNDO ACTO:

En relación con lo todo lo anterior, el secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, Isidro Jordán Moyrón, expresó que en términos de los recursos, se han atendido mil 169 millones de pesos de los  mil 228 millones que fueron observados al gobierno de Baja California Sur.

Asimismo, puntualizó que por normativa federal, la Auditoria Superior de la Federación audita los recursos federales que los gobiernos de los estados, municipios, organismos autónomos y las propias dependencia del Gobierno Federal ejercen, por lo que que cuando se llevó a cabo este acto, “buena parte de los recursos observados no habían sido ejercidos”, mientras que en otros casos, debido al tiempo que maneja la Auditoria Superior “no se alcanzó a entregar la documentación”, no obstante garantizó el muy cercano funcionario del gobernador que la mayor parte de la documentación ha sido entregada.

Finalmente, y buscando aclarar lo dado a conocer por el Semanario Zeta y Sin Embargo MX –esto bajo la pluma de Inés García Ramos- el mismo secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado añadió que en la entidad los recursos se aplican correctamente en programas, obras y acciones que benefician a la población, y que la información se encuentra en proceso de revisión e integración por parte de la Auditoría Superior de la Federación.

TERCER ACTO:

Ahora bien, ante tal desbarajuste, la diputada federal Xóchitl Hernández Colín presentó el 8 de marzo pasado un punto de acuerdo en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, donde exhorta al Gobierno del Estado de Baja California Sur a transparentar el ejercicio de los recursos federales asignados a la entidad en el Presupuesto de Egresos de la Federación, ello con relación al informe de la Cuenta Pública que fue dado a conocer por la Auditoría Superior de la Federación.

El documento fue presentado y entregado a Edgar Romo García, presidente de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente en el Congreso de la Unión por la diputada Federal integrante de la fracción parlamentaria de MORENA, y se indica en el escrito que el impacto de estas irregularidades para los sudcalifornianos se traduce en daños en materias tan sensibles como lo es la seguridad pública, la educación, la obra pública y la asistencia social.

Por todo ello la pelota está en el aire, cierto es que son tiempos políticos electorales pero la exhibida de tal situación que hoy se marca en este espacio no es una pecata minuta, por lo que deberá ser explicada –aún con palitos y rayitas- incluso a quien no intuya sobre estos menesteres pues sino la incertidumbre social generada ante tal información será mayúscula.

Podríamos resumir en tres actos como se hizo esta tragicomedia, solamente nos falta saber: ¿Cómo se llamó la obra?; por lo que quien esto escribe mejor seguirá BALCONEANDO. . . 

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