OPINION…ES / La Justicia no se consulta, se aplica

Por Manuel Espinoza

A pesar del estado de alerta por lo que representa COVID-19, del recurso material y humano que se necesita para atender a cada ciudadano que requiere examen para descartar contagio, pero principalmente, medicamento, equipo y personal para asistir a quienes ya requieren atención especial, y para lo que se destinan miles de millones de pesos, se desvía la atención a una consulta ciudadana para sujetar o no a proceso a los expresidentes de México.

Una consulta ciudadana que atrae recursos para los formularios, encargados de las mesas e incentivos para líderes de colonias para que acerquen a sus vecinos a emitir su postura, absorbe miles de pesos.

Movilizar a casi dos millones de ciudadanos para ello, sin duda nos deja claro que esta consulta no será gratis.

Una consulta ciudadana de esa naturaleza, se percibe más como una acción populista que en vez de abonar a la certidumbre social, enrarece el ambiente político en tiempos de procesos y permite que aspirantes a cargos de elección popular, la utilicen como sondeos para medir su poder de convocatoria y analizar si se arriesgan en la búsqueda de una candidatura o se quedan en el cargo que están.

Una consulta ciudadana para lo que se pretende, se puede especular de innecesaria y populista, sobre todo en estos tiempos de pandemia donde se requieren acciones fuertes y decididas para evitar más contagios de Covid, y disminuir los ya existentes, además de fortalecer en campañas de concientización y acciones coercitivas contra quienes no atienden las recomendaciones actuales.

Una consulta ciudadana como la que ya se realiza, a través de la cual se pretenden recabar 1.8 millones de firmas, requiere de un gasto importante que bien pudiera aplicarse para la compra de cubrebocas, overoles, caretas y otros accesorios para personal médico y porque no, repartir entre la población sin recurso para adquirir dichos accesorios.

Si de verdad se pretende enjuiciar a los expresidentes por los delitos que haya cometido durante sus funciones, basta con que se denuncie, el Ministerio Público sustente la carpeta de investigación y convenza al Juez de la vinculación a proceso y adelante, que se inicie el periodo de pruebas a través de las audiencias correspondientes.

La parte acusadora, a través del representante socia, fiscal o Ministerio Público, como mejor lo identifique, deberá presentar las pruebas necesarias para demostrar el delito del que se acusa a los imputados, para que el Juez, en caso de existir responsabilidad, emitir la sentencia de culpabilidad a la que se hacen acreedores de acuerdo a la naturaleza y agravantes del hecho delictivo juzgado.

Ya se verá en el proceso si los imputados se declaran culpables y se apegan a las prerrogativas del Sistema Judicial para ser beneficiados con una sentencia mínima, o transitan todas las etapas del debido proceso para demostrar su inocencia o bien, que la parte acusadora pueda comprobarles el delito del que se les acusa y juzga.

POSDATA: En este mundo globalizado donde la libertad de expresión es un derecho y una garantía, no veo el error por no pensar igual que el resto del mundo.

NBCS Noticias

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