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La diputada Karina Olivas Parra, integrante del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (PT), present\u00f3 ante el Congreso del Estado de Baja California Sur una iniciativa para reformar los incisos A), B) y C) de la fracci\u00f3n III del art\u00edculo 20 de la Ley de Derechos y Productos del Estado, con el objetivo de reducir los costos asociados a las licencias y refrendos para agentes inmobiliarios en la entidad.<\/p>\n
Esta propuesta surge como respuesta a la creciente preocupaci\u00f3n del sector inmobiliario respecto a las altas tarifas que actualmente se cobran por la expedici\u00f3n y renovaci\u00f3n de licencias. La iniciativa fue resultado del trabajo conjunto con la Asociaci\u00f3n Sudcaliforniana de Profesionales Inmobiliarios (ASPI) y la Asociaci\u00f3n Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) de La Paz, quienes han expresado su inter\u00e9s por elevar la calidad del servicio, profesionalizar el gremio y combatir la informalidad en el sector.<\/p>\n
Actualmente, Baja California Sur presenta uno de los costos m\u00e1s altos del pa\u00eds para obtener una licencia inmobiliaria, alcanzando los 10 mil pesos, en contraste con estados como Sonora, donde el tr\u00e1mite es gratuito, o entidades como Ciudad de M\u00e9xico, Jalisco, Nuevo Le\u00f3n y Quer\u00e9taro, donde los costos oscilan entre 2 mil 250 y 4 mil 800 pesos. En el caso de Quintana Roo, entidad con caracter\u00edsticas similares en cuanto a desarrollo tur\u00edstico e inmobiliario, los costos van de 3 mil a 5 mil pesos.<\/p>\n
La alta carga econ\u00f3mica limita el acceso de nuevos agentes al sector formal, fomenta la competencia desleal y genera un entorno propenso a la informalidad y los fraudes, lo que pone en riesgo la confianza de inversionistas y usuarios. La reforma propuesta por la legisladora plantea reducir el costo de la expedici\u00f3n de licencia a 5 mil pesos, el refrendo anual a mil pesos y la expedici\u00f3n de la identificaci\u00f3n y registro de asesores inmobiliarios tambi\u00e9n a mil pesos.<\/p>\n
La modificaci\u00f3n busca facilitar el ingreso de nuevos profesionales, en particular j\u00f3venes, personas en reconversi\u00f3n laboral y peque\u00f1os emprendedores, adem\u00e1s de promover un entorno competitivo, seguro y profesional. De igual manera, responde al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n de que los cobros por derechos deben estar justificados por el costo real del servicio, evitando tarifas desproporcionadas.<\/p>\n
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