![\"\"](\"https:\/\/nbcs.mx\/wp-content\/uploads\/2026\/03\/Captura-de-pantalla-2026-03-11-a-las-7.42.38-a.m-755x489.png\")
El diputado Erick Ivan Agundez Cervantes present\u00f3 ante el Congreso del Estado una iniciativa con proyecto de decreto para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Constituci\u00f3n Pol\u00edtica de Baja California Sur, con el objetivo de continuar la armonizaci\u00f3n legislativa con la reforma al Poder Judicial de la Federaci\u00f3n publicada el 15 de septiembre de 2024 en el Diario Oficial de la Federaci\u00f3n.<\/p>\n
La propuesta tambi\u00e9n plantea modificar diversos art\u00edculos transitorios del Decreto 3140, publicado el 14 de marzo de 2025 en el Bolet\u00edn Oficial del Gobierno del Estado, mediante el cual se realizaron adecuaciones constitucionales en la entidad para alinearse con la reforma judicial federal.<\/p>\n
El legislador explic\u00f3 que la iniciativa deriva de un trabajo interinstitucional entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial del Estado, a partir de un an\u00e1lisis conjunto para revisar y ajustar algunos aspectos de la reforma constitucional previamente aprobada, considerando las particularidades laborales, territoriales, poblacionales e institucionales de Baja California Sur.<\/p>\n
Entre los principales planteamientos se propone que el Tribunal Superior de Justicia funcione mediante Salas Unitarias Especializadas por Materia, con el objetivo de fortalecer su operatividad y agilizar la impartici\u00f3n de justicia.<\/p>\n
Asimismo, se establece que cualquier persona o autoridad podr\u00e1 denunciar ante el Tribunal de Disciplina Judicial posibles faltas administrativas o penales cometidas por personas servidoras p\u00fablicas del Poder Judicial, fortaleciendo los mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas.
\nLa iniciativa tambi\u00e9n se\u00f1ala que ninguna persona servidora p\u00fablica del Poder Judicial podr\u00e1 percibir una remuneraci\u00f3n mayor a la del Presidente de la Rep\u00fablica, en apego a lo dispuesto en la reforma constitucional federal.<\/p>\n
De igual forma, se considera la implementaci\u00f3n del C\u00f3digo Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, cuyo plazo m\u00e1ximo de entrada en vigor en las entidades federativas es el 1 de abril de 2027.<\/p>\n
En este contexto, se prev\u00e9 que, por \u00fanica ocasi\u00f3n, el Consejo de la Judicatura del Estado pueda designar juezas y jueces en materia de oralidad civil y familiar, quienes permanecer\u00e1n en el cargo hasta que su elecci\u00f3n se realice mediante voto popular en el proceso electoral ordinario de 2027.<\/p>\n
La iniciativa tambi\u00e9n incorpora adecuaciones en materia de lenguaje incluyente y perspectiva de g\u00e9nero, con el objetivo de armonizar el texto constitucional con los principios de igualdad.<\/p>\n
Finalmente, la propuesta fue turnada a la Comisi\u00f3n Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia, para su an\u00e1lisis y dictaminaci\u00f3n.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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