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El diputado Venustiano P\u00e9rez S\u00e1nchez present\u00f3 ante el Pleno una iniciativa con proyecto de decreto, mediante la cual se propone tipificar el delito de \u201cCorrupci\u00f3n Inmobiliaria\u201d en Baja California Sur, as\u00ed como incorporar esta conducta como falta administrativa grave dentro de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios.<\/p>\n
En tribuna, P\u00e9rez S\u00e1nchez plante\u00f3 que el alcance de la iniciativa es el de adicionar un art\u00edculo 291 Bis al C\u00f3digo Penal para el Estado de Baja California Sur, con el \u00fanico fin de sancionar a servidores p\u00fablicos o particulares que induzcan, faciliten o gestionen alteraciones documentales relacionadas con construcciones, uso de suelo, comercializaci\u00f3n de inmuebles o edificaciones fuera del marco legal.<\/p>\n
En la exposici\u00f3n de motivos, el promovente se\u00f1al\u00f3 que la propuesta surge ante el incremento de pr\u00e1cticas ilegales vinculadas al sector inmobiliario, como ventas fraudulentas, construcciones irregulares, despojos y actos de corrupci\u00f3n relacionados con autorizaciones, permisos y cambios de uso de suelo, acciones que afectan directamente el derecho de las familias sudcalifornianas a adquirir una vivienda digna.<\/p>\n
En ese tenor, precis\u00f3 que la reforma contempla sanciones de diez a veinte a\u00f1os de prisi\u00f3n y multas econ\u00f3micas para quienes incurran en estas conductas, as\u00ed como prever agravantes cuando existan beneficios econ\u00f3micos directos o indirectos para funcionarios p\u00fablicos, familiares, socios o terceros relacionados, e incluso la cancelaci\u00f3n definitiva de licencias y registros para agentes inmobiliarios involucrados en este tipo de actos.<\/p>\n
De igual manera, se plantea adicionar un art\u00edculo 64 Ter a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios de Baja California Sur, para considerar la corrupci\u00f3n inmobiliaria como una falta administrativa grave.<\/p>\n
Finalmente, el legislador destac\u00f3 que el crecimiento poblacional y la demanda de vivienda en la entidad urgen fortalecer el marco legal para proteger el patrimonio familiar en Sudcalifornia, principalmente para mujeres jefas de familia y adultos mayores, y del mismo modo combatir ilegalidades que generan desigualdad, desplazamiento y afectaciones al ordenamiento territorial.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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