Admite Congreso de BCS, propuesta de juicio político a servidores públicos locales
La Paz, Baja California Sur.- El Congreso del Estado inició el análisis de la reforma al artículo 157 de la Constitución Estatal a fin de armonizar con ordenamientos federales en materia de juicio político y sanciones a los servidores públicos, con lo cual el poder legislativo de Baja California Sur podrá aplicar dichas sanciones a los servidores locales.
El diputado Esteban Ojeda Ramírez presentó la iniciativa explicando que pese a que se cuenta con una ley de responsabilidades de los servidores públicos en el estado, actualmente no existe regulación en el trámite que llevará el congreso local en la aplicación de sanciones a servidores señalados por uso actos, omisiones o manejo y aplicación indebida de fondos y recursos federales previa remisión de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
Con esta modificación a la constitución estatal será posible la aplicación de sanciones mediante “el juicio político con el que se interpondrán las sanciones indicadas en el artículo 158 a los Servidores Públicos señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones, incurran en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho, incluyendo las violaciones a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a las leyes federales, así como por el manejo y aplicación indebidos de fondos y recursos federales”.
El presentado justificó que resulta lógico la propuesta, debido a que, de no preverlo en nuestro marco jurídico local, la resolución que eventualmente emita la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, quedará con un efecto meramente declarativo, sin posibilidad de que se aplique sanción alguna por parte de este Poder Legislativo, en virtud de no considerarse dentro del régimen de responsabilidades en el ámbito local y limitándose su actuación a acusar de recibido la comunicación referida.
La iniciativa fue turnada a las comisiones permanentes de puntos constitucionales y de justicia como a la de vigilancia de la auditoria superior de estado.
