Aprueba XVII Legislatura nueva Ley de Protección de Datos Personales en BCS
El XVII Legislatura aprobó en sesión ordinaria el dictamen presentado por la Comisión Permanente de Transparencia y Anticorrupción y expide la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado, normativa que fortalece el derecho a la privacidad y actualiza el marco jurídico local conforme a la legislación federal.
La propuesta integra iniciativas de la diputada Karina Olivas Parra y del Gobernador Víctor Manuel Castro Cosío, y consta de 130 artículos en once títulos que establecen principios, derechos ARCO (acceso, rectificación, cancelación y oposición), medidas de seguridad, procedimientos de verificación, sanciones y atribuciones de las nuevas autoridades garantes.
De acuerdo con el Decreto 3178, la ley incorpora el rediseño institucional que contempla la extinción del Instituto de Transparencia del Estado y asigna nuevas facultades a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental, asegurando continuidad y eficiencia en la protección de datos personales.
El dictamen precisa que no habrá impacto presupuestal en 2025, pues la ley entrará en vigor el 1 de enero de 2026 y su aplicación se cubrirá con las previsiones del Presupuesto 2026.
Los sujetos obligados deberán adecuar avisos de privacidad, documentos de seguridad, inventarios, contratos de servicios y evaluaciones de impacto conforme a los plazos establecidos, además de garantizar interoperabilidad con la Plataforma Nacional de Transparencia.
En la presentación del dictamen, la comisión subrayó que esta nueva Ley consolida un sistema moderno, confiable y alineado con los más altos estándares para garantizar el uso responsable de los datos personales en Baja California Sur.
Armoniza Poder Legislativo su Ley Orgánica en la materia
En sesión extraordinaria la XVII Legislatura reformó y adicionó su Ley Orgánica y su Reglamento Interior de la Contraloría del Poder Legislativo en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
Con estas reformas se armoniza el marco jurídico con la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
Reorganiza la estructura interna de la contraloría mediante la creación del Departamento de Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia (DCOT) y de la Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública (UTAIP), como unidades administrativas especializadas para vigilar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y coordinar la atención de solicitudes de información.
Incorpora un catálogo de facultades y obligaciones del DCOT, como la sustanciación y resolución de recursos de revisión e inconformidad, la verificación del cumplimiento de resoluciones.
Establece que el DCOT fungirá como autoridad garante, a la par de la UTAIP, dependerán de la Contraloría del Poder Legislativo.
