Dudan que «Mejor Aire» frene contaminación de termoeléctricas
Luego que recientes inspecciones de la Profepa confirmaron impunes irregularidades en las termoeléctricas de la CFE, la CCI y Punta Prieta, que no cumplen con los límites de emisiones contaminantes, y que operan fuera de norma sanitaria y ambiental, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda) anunció la reciente aprobación del programa municipal «Mejor Aire» tras casi cinco años de intensa presión ciudadana.
El programa, según detalla Cemda, incluye un convenio para financiar la operación de la única caseta de monitoreo normado, cuyos datos se reportan oficialmente, sin embargo, la organización advierte la necesidas de obtener recursos y presupuesto reales, una mayor participación ciudadana, seguimiento y evaluación efectiva fuera del papel para garantizar la reducción de contaminantes.
Con un plazo máximo de dos meses para concretar estas acciones vitales, la ciudadanía infiere un fundado escepticismo sobre si esta política, forzada legalmente, resultará en mejoras tangibles para el aire paceño o en una nueva simulación frente a la impunidad de grandes contaminadores y la complacencia oficial.
Si bien este anuncio podría parecer una victoria, es fundamental leerlo en clave de la desidia gubernamental: el programa es resultado de casi cinco años de extenuante presión jurídica y técnica por parte de la sociedad civil, una batalla larga e innecesaria provocada por la falta de voluntad política de las últimas administraciones para garantizar el derecho elemental a un medio ambiente sano.
«Mejor Aire», aprobado por el Cabildo de La Paz el pasado 9 de abril, incluye también la autorización para suscribir un convenio con el Gobierno del Estado que busca asegurar la sostenibilidad financiera y operativa de la única caseta normativa de monitoreo en la ciudad, a pesar que los datos de esta caseta ya se reportan de manera oficial al Sistema Nacional de Información de la Calidad del Aire (SINAICA).
En una ciudad, donde según estudios de asociaciones civiles se advierte que durante ocho meses del año, estamos fuera de los rangos permitidos por las normas oficiales en cuanto a contaminación de la cuenca ambiental, gran parte de la ciudadanía coincide que, la existencia de una red de monitoreo robusta ha sido una deuda histórica que, hasta ahora le ha permitido a la CFE y a otras industrias contaminar sin fiscalización real.
