«No seremos rehenes»: VCC endurece postura ante bloqueo de transportistas
Los Cabos enfrenta una tensa jornada, tras una serie de bloqueos en las principales arterias viales que han dejado al descubierto una fractura profunda entre los transportistas federales, sector empresarial y autoridades del Gobierno del Estado.
Transportistas federales denunciaron «abuso de autoridad» y fallas técnicas que los dejan sin sustento, el sector empresarial califica de «inadmisible» la parálisis de las vías ante la pasividad gubernamental, y el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío respondió con un rotundo «no vamos a ceder», cerrando la puerta a cualquier negociación que implique doblar la ley ante la presión de los bloqueos.
La parálisis de vías estratégicas como el boulevard Lázaro Cárdenas y la avenida Constituyentes en Cabo San Lucas no solo detuvo el tráfico por más de siete horas, sino que pueso en jaque la operatividad del motor económico de Baja California Sur, evidenciando un conflicto donde la legalidad y la operatividad técnica son los principales puntos de discordia.
Este colapso no es solo un tema de tráfico, sino una crisis de gobernabilidad denunciada por el Consejo Coordinador de Los Cabos (CCC). El organismo empresarial envió un reclamo formal a los tres niveles de gobierno señalando que resulta incomprensible que ninguna autoridad activara mecanismos de intervención temprana. Para el sector productivo, el costo de estos bloqueos es crítico: desde servicios de emergencia bloqueados y trabajadores que no llegan a sus puestos, hasta una herida profunda en la imagen internacional de Los Cabos, donde los turistas terminan caminando con maletas en mano para no perder sus vuelos.
Por su parte los transportistas sostienen que la movilización es una respuesta desesperada a operativos que consideran «piratas» por parte de la autoridad estatal. La queja principal radica en el sistema de códigos QR implementado para validar sus servicios; según los conductores, la plataforma es lenta, ineficaz y borra registros de servicios ya programados, lo que genera demoras de hasta dos horas. Los manifestantes denuncian que se han retirado unidades de circulación sin multas de por medio ni argumentos legales sólidos, calificando la situación como una persecución que los deja vulnerables frente a la interpretación arbitraria de los inspectores en pleno boulevard Lázaro Cárdenas.
La postura política del Gobierno del Estado añade una capa de firmeza que aleja una solución inmediata por la vía de la concesión. El gobernador Víctor Castro ha sido enfático en respaldar la gestión de Martín Salinas al frente de la Dirección Estatal de Transporte, a pesar de que su destitución es una de las principales exigencias de los transportistas.
El mandatario ha dejado claro que los operativos continuarán y que las unidades detenidas lo fueron «con todas las de la ley». Bajo la premisa de que «los que anden chuecos se tendrán que enderezar», el Ejecutivo estatal advirtió que no permitirán ser rehenes de ningún gremio, lo que mantiene el conflicto en un punto muerto: con una autoridad que no retrocede y un sector transporte que se siente asfixiado por la burocracia digital y la fuerza pública.
