Trabajadores de la educación consideran ilegítima prórroga a la directiva de la Sección 3 del SNTE
Desde el 6 de diciembre pasado se venció el período del actual Comité de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), sin embargo, Elmuth Castillo Sandoval sigue al frente de ese organismo, por lo cual trabajadores de base exigen que se convoque ya a elecciones al considerarse ilegítima la prórroga que se ha dado a la actual directiva.
Iván Contreras Álvarez, aspirante a la Secretaría General de la Sección 3, emitió un pronunciamiento público firmado por un grupo de simpatizantes, donde se expone que la base trabajadora no puede permanecer en la incertidumbre jurídica ni bajo una representación que carece de legitimidad del voto actual.
Asimismo, expone que “el sindicato es de las bases, no de las cúpulas que postergan la democracia para mantener cotos de poder”, por lo cual demandan la publicación inmediata para la elección de la dirigencia de la Sección 3 del SNTE.
También se pide que se respete el padrón de votantes para asegurar que ningún trabajador de la educación sea privado de su derecho al voto, por lo cual se pide a toda la base trabajadora estar atenta a esta situación.
Sostiene que los firmantes del documento se encuentran molestos y rechazan la dilación en que ha incurrido la dirigencia nacional del SNTE, respecto a la renovación del Comité Seccional, por lo que se incurre en una “flagrante prórroga ilegítima que vulnera la legalidad interna de nuestra organización”.
Se recuerda también que tras las reformas a la Ley Federal del Trabajo, por primera ocasión la elección deberá darse mediante el voto universal, libre, directo y secreto, y de lo cual se ha privado a los agremiados.
De este modo, el documento suscrito por trabajadores de la educación inconformes, contradice el espíritu de la reforma laboral vigente en el país que exige democratización, transparencia y periodicidad estricta de las dirigencias sindicales.
“Mantener en funciones a un Comité cuyo mandato legal ha expirado, constituye una imposición fáctica que debilita la defensa de los derechos laborales, prestacionales y profesionales de los agremiados”, se precisa en el escrito. (Por: Arturo Nieves).
