Transportadoras turísticas destacan avances en mesa de negociación tras fallo de la SCJN
Las empresas transportadoras turísticas de Los Cabos aseguraron que continúan avanzando por la vía institucional en la mesa de negociación establecida con autoridades de los tres niveles de gobierno en la Ciudad de México, con el propósito de construir acuerdos que otorguen certeza jurídica y operativa al sector.
A través de un comunicado, las empresas señalaron que el diálogo se desarrolla en estricto apego a la legalidad y toma como base la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 24 de junio, mediante la cual se determinó que el Gobierno del Estado no puede interferir en concesiones otorgadas por la Federación.
Las transportadoras, agrupadas en el denominado Frente Turístico de Baja California Sur, afirmaron que las reuniones tienen como objetivo garantizar la continuidad de sus operaciones, proteger las fuentes de empleo que dependen de esta actividad y generar condiciones de certeza para el sector turístico.
Asimismo, destacaron que la disposición al diálogo busca evitar especulaciones en torno al conflicto que durante décadas ha mantenido enfrentados a transportadoras y taxistas en Los Cabos, una disputa por el mercado del transporte turístico que, en años recientes, también ha involucrado a las plataformas digitales de movilidad.
Este conflicto, que se ha prolongado por más de 30 años, ha estado marcado por protestas, confrontaciones, denuncias entre los distintos gremios e incluso operativos en los que autoridades han retirado a turistas de unidades de transporte, generando cuestionamientos sobre la imagen del principal destino turístico de Baja California Sur.
Tras la resolución de la SCJN, autoridades y representantes del sector acordaron instalar una mesa de negociación para definir reglas de operación que permitan la convivencia de los distintos prestadores del servicio dentro del marco legal.
Cabe recordar que en 2025 el Gobierno de Baja California Sur impulsó una reforma a la Ley de Transporte estatal con el objetivo de regular las operaciones de las transportadoras turísticas, una medida que surgió en medio de las inconformidades expresadas por el gremio de taxistas.
Dicha reforma derivó en diversos enfrentamientos entre operadores de transportadoras e inspectores de transporte del estado. Más recientemente, incluso, un diputado local denunció públicamente presuntos actos de corrupción relacionados con la aplicación de la legislación, reavivando el debate sobre la regulación del transporte turístico en Los Cabos.
