Exdirigentes del SNTE aportarán testimonios en juicio por desfalco a caja de ahorro de jubilados
Los exsecretarios generales de la Sección 3 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Guillermo Aguilar Villavicencio y Jorge Miguel Cota Katzenstein, fueron citados por la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para comparecer como testigos en el juicio oral relacionado con el presunto desfalco de cerca de ocho millones de pesos a la caja de ahorro de jubilados del organismo sindical.
A este proceso también fue convocado el actual secretario general de la Sección 3, Elmuth Castillo Sandoval, quien manifestó su deseo de que el caso llegue a una resolución que haga justicia a los trabajadores afectados, algunos de los cuales, dijo, fallecieron sin recuperar los recursos que habían aportado durante años.
El juicio oral inició el martes 11 de agosto, cuatro años y medio después de que fueran presentadas las primeras denuncias ante el Centro de Justicia Penal. La participación de los exdirigentes y del actual secretario general forma parte de la etapa de desahogo de pruebas y testimonios dentro del proceso.
Cota Katzenstein consideró lamentable que, en su momento, la dirigencia sindical no haya informado oportunamente a los jubilados sobre la situación financiera y la descapitalización de la caja de ahorro.
“Vamos a aportar nuestro granito de arena para que se aplique la justicia”, expresó el exdirigente, al señalar que debe castigarse a quien resulte responsable y repararse el daño ocasionado a los jubilados que durante años confiaron sus recursos a la organización con la expectativa de disponer de ellos al concluir su vida laboral.
Por separado, Guillermo Aguilar Villavicencio aclaró que ni él ni Cota Katzenstein se encuentran señalados como responsables dentro de la investigación, por lo que su participación se limita a aportar la información que conozcan sobre los hechos.
El exsecretario general sostuvo que no corresponde a los testigos determinar la culpabilidad de los acusados, aunque afirmó que quienes hayan sustraído recursos ajenos deberán responder ante la justicia. Precisó que, jurídicamente, los hechos son investigados bajo la figura de administración fraudulenta, de acuerdo con la legislación penal estatal.
Por su parte, Elmuth Castillo Sandoval confió en que el proceso permita esclarecer lo ocurrido y, eventualmente, que los trabajadores afectados puedan recuperar los recursos que les corresponden.
El caso se encuentra ahora en la etapa de juicio oral, considerada una de las fases finales del proceso penal. Sin embargo, la duración del desahogo de pruebas y testimonios dependerá del desarrollo de las audiencias, por lo que todavía deberá transcurrir este periodo antes de que el juez determine si existen elementos suficientes para emitir una sentencia.
Los nombres de las personas acusadas se mantienen bajo reserva en atención al principio de presunción de inocencia y al debido proceso.
