Aduana de Pichilingue embarga vehículos regularizados; Prodecon reporta 80 casos
Alrededor de 80 propietarios de vehículos de procedencia extranjera han recurrido a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon) en Baja California Sur luego de que sus unidades fueran embargadas precautoriamente en la aduana de Pichilingue, pese a haber sido regularizadas mediante el decreto federal correspondiente.
El delegado de Prodecon en la entidad, Rodolfo Sixto Tapia, informó que desde 2025 y hasta la fecha la dependencia ha atendido cerca de 80 juicios de nulidad promovidos por ciudadanos que enfrentaron problemas al intentar ingresar o salir de Baja California Sur por la terminal marítima de La Paz.
De acuerdo con el funcionario, la situación representa una afectación importante para los propietarios, debido a que, tras el aseguramiento de sus vehículos, deben iniciar un procedimiento legal ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa para intentar recuperarlos, proceso que puede prolongarse durante varios meses.
De los aproximadamente 80 casos atendidos durante el último año y medio, únicamente 15 vehículos han sido recuperados y entregados a sus propietarios, señaló.
El problema afecta tanto a personas que llegan a La Paz desde el macizo continental como a residentes de Baja California Sur que pretenden viajar hacia Sinaloa y otros estados, pues, según explicó Sixto Tapia, el inconveniente se presenta principalmente al intentar salir de la entidad por la aduana de Pichilingue.
En contraste, indicó, cuando los vehículos ingresan a Baja California Sur desde Sinaloa no enfrentan una revisión similar, por lo que algunos propietarios se encuentran con el problema hasta el momento de emprender el viaje de regreso.
El titular de Prodecon sostuvo que, pese a que prácticamente se ha establecido un criterio en los tribunales que ha permitido obtener sentencias favorables para los propietarios en los juicios de nulidad, las revisiones y aseguramientos continúan registrándose en la terminal marítima.
Los vehículos involucrados fueron regularizados al amparo del decreto federal implementado para legalizar unidades de procedencia extranjera que habían ingresado al país de manera irregular. El programa comenzó durante la administración federal anterior y, después de varias ampliaciones, concluyó en 2025.
La problemática tendría su origen, en parte, en la manera desigual en que se aplicaron los requisitos durante el proceso de regularización en algunas entidades federativas. Según explicó el funcionario, en determinados estados se habrían flexibilizado los criterios o exigencias, permitiendo la regularización de vehículos que posteriormente fueron considerados como unidades que no cumplían con todas las condiciones establecidas.
De esta manera, propietarios que cuentan con documentación que acredita la regularización de sus vehículos se encuentran ahora ante un escenario contradictorio: sus unidades fueron incorporadas legalmente al país mediante un procedimiento federal, pero posteriormente son observadas por autoridades aduaneras al intentar transitar por Pichilingue.
Mientras los procedimientos jurídicos continúan, Prodecon mantiene la atención de los afectados y el acompañamiento en los juicios promovidos para buscar la devolución de los vehículos asegurados.
