Pesca legal e ilegal presionan los recursos marinos de BCS por falta de vigilancia
Tanto la pesca legal de gran escala como la pesca ilegal representan una presión constante para los recursos marinos frente a las costas de Baja California Sur, en buena medida por las limitaciones de vigilancia que enfrentan las autoridades, advirtió Martín Inzunza Tamayo, director estatal del Fondo para la Protección de los Recursos Marinos (Fonmar).
El funcionario señaló que uno de los principales retos para la actividad pesquera ribereña y deportiva es la presencia de grandes embarcaciones autorizadas para capturar especies como atún, camarón y sardina en el noroeste del Pacífico mexicano.
De acuerdo con Inzunza Tamayo, existen alrededor de 200 embarcaciones autorizadas para estas actividades, frente a las cuales las autoridades estatales tienen un margen de actuación limitado debido a que los permisos son de competencia federal y los recursos marinos son considerados patrimonio de todos los mexicanos.
El problema, explicó, se agudiza cuando algunas de estas embarcaciones se aproximan a zonas costeras y utilizan extensas redes de arrastre, con las que pueden capturar especies que también son aprovechadas por la pesca deportiva y por los pescadores ribereños de Baja California Sur.
Esta situación, sostuvo, termina afectando la disponibilidad de especies y, en consecuencia, los ingresos de las comunidades que dependen de la pesca de menor escala.
Ante ello, señaló que en distintos foros se ha planteado la necesidad de regionalizar los permisos de pesca y establecer zonas de exclusión, de manera que las grandes embarcaciones desarrollen sus actividades en aguas más profundas y se reduzca la interacción con la pesca ribereña.
La falta de personal para vigilar el extenso litoral sudcaliforniano constituye otro de los principales obstáculos. Inzunza Tamayo indicó que la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca (Conapesca) dispone actualmente de apenas nueve inspectores para aproximadamente 2 mil 200 kilómetros de litoral en la entidad.
Por ello, agregó, se ha planteado la posibilidad de contar con inspectores estatales e incluso crear una policía costera que permita ampliar las capacidades de vigilancia y respuesta ante actividades irregulares.
Detectan prácticas de pesca ilegal
En cuanto a la pesca ilegal, el director de Fonmar señaló que se ha identificado un patrón de operación de los llamados “guateros”, quienes recurrirían a pescadores de escasos recursos para realizar las capturas.
Cuando las autoridades detectan estas actividades, explicó, pueden decomisar el producto, las embarcaciones y las artes de pesca; sin embargo, en algunos casos los mismos pescadores regresan al día siguiente a realizar nuevamente la actividad ilegal en embarcaciones de características precarias.
El funcionario también señaló que se han localizado en zonas de manglar sitios utilizados como deshuesaderos de motores presuntamente robados.
Ante este tipo de situaciones, Fonmar ha trabajado con cooperativas pesqueras para fortalecer la protección de sus equipos y bienes. Entre las medidas implementadas se encuentra la instalación de radares con un alcance de hasta 75 kilómetros, con los que se busca mejorar la vigilancia de las zonas de actividad pesquera.
Pese a este panorama, Inzunza Tamayo consideró que Baja California Sur no enfrenta actualmente una situación de riesgo comparable con la de otras entidades del país.
Como muestra de ello, señaló que desde el año pasado dejaron de registrarse casos en los que pescadores fueran víctimas de agresiones conocidas como “tableadas” o de la venta de productos pesqueros bajo amenazas o a mano armada.
El funcionario sostuvo que el reto ahora consiste en fortalecer la vigilancia, ordenar las distintas modalidades de pesca y establecer mecanismos que permitan proteger tanto los recursos marinos como la actividad económica de las comunidades pesqueras sudcalifornianas.
