Por seguridad nacional, puerto de CSL no puede pasar a manos del gobierno de BCS
El puerto de Cabo San Lucas difícilmente pasará a manos del Gobierno de Baja California Sur, debido al carácter estratégico que mantiene para el país en materia de seguridad nacional, particularmente por las operaciones que desde esa terminal se realizan hacia altamar para combatir el narcotráfico y otros delitos de alcance federal.
Así lo informó el director general de la Administración Portuaria Integral (API) de Baja California Sur, Narciso Agúndez Gómez, quien señaló que el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío ya presentó formalmente la solicitud para que el puerto sea transferido al Estado.
Sin embargo, explicó que la respuesta del Gobierno Federal ha sido complicada debido a que Cabo San Lucas es considerado un puerto estratégico para operaciones vinculadas con la seguridad nacional, por lo que difícilmente la Federación estaría dispuesta a ceder su control.
Ante este escenario, Agúndez Gómez consideró que, si no es posible concretar el traspaso de la administración portuaria, al menos debe garantizarse que Cabo San Lucas cuente con infraestructura moderna y acorde con la importancia turística y económica que representa para Baja California Sur.
En ese sentido, adelantó que existe un proyecto del Gobierno Federal para invertir en 2027 en la modernización del puerto, con la intención de llevarlo a un nivel de infraestructura acorde con la demanda que registra.
La terminal recibe de manera constante cruceros turísticos y yates de lujo, actividad que genera una importante derrama económica para Cabo San Lucas y para el sector turístico de la entidad.
El director de la API aclaró que no todos los puertos de Baja California Sur se encuentran bajo la administración del organismo estatal. San José del Cabo, por ejemplo, está concesionado a una empresa; Los Barriles y López Mateos dependen de la Secretaría de Marina, mientras que Guerrero Negro es administrado por Exportadora de Sal.
Cabo San Lucas, por su parte, se encuentra bajo la administración de una Administradora del Sistema Portuario Nacional (Asipona).
Agúndez Gómez explicó que, conforme a la normatividad de la API, su presupuesto debe destinarse exclusivamente a los puertos que se encuentran bajo su responsabilidad, razón por la cual tampoco puede intervenir directamente en infraestructura de otras terminales.
Puso como ejemplo el caso de López Mateos, donde existe un problema con la longitud del muelle, ya que durante las mareas bajas las embarcaciones enfrentan dificultades para realizar maniobras de atraque.
La posibilidad de que Cabo San Lucas pase a la administración estatal ha sido planteada desde hace varios años, principalmente por los ingresos que una terminal de esta magnitud podría representar para las finanzas de Baja California Sur.
No obstante, hasta ahora la transferencia no se ha concretado y el argumento que se coloca sobre la mesa para mantener el control federal es precisamente el carácter estratégico del puerto en materia de seguridad nacional.
