Acusan a ex alcaldesa de Mulegé de adjudicarse predios municipales junto con familiares
La ex presidenta municipal de Mulegé, Cecilia “N”, actualmente vinculada a proceso por el delito de peculado, habría dispuesto ilegalmente de predios que formaban parte del fundo legal de Guerrero Negro para beneficiar a ella, sus hijos y su esposo, de acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur.
Según informó la Fiscalía, entre los terrenos presuntamente enajenados de manera ilegal se encuentran cuatro predios de 776 metros cuadrados cada uno, de los cuales uno habría sido adjudicado a la exalcaldesa, otro a su hija, uno más a su hijo y el cuarto a su esposo.
La autoridad señaló que estas operaciones habrían contravenido el artículo 177 de la Ley Orgánica del Municipio de Mulegé, que establece restricciones para la venta o adjudicación de predios en determinadas situaciones familiares cuando no existe autorización del Cabildo.
El expediente también contempla un terreno de 240 metros cuadrados ubicado en el municipio de Mulegé, que habría sido asignado al entonces síndico municipal, Gibrán Francisco “N”, quien también se encuentra vinculado a proceso.
La Fiscalía Anticorrupción indicó que las presuntas irregularidades fueron detectadas después de advertir cancelaciones de títulos de propiedad y operaciones de venta que, según la investigación, habrían sido realizadas para intentar ocultar asignaciones de terrenos efectuadas desde 2018.
Además de Cecilia “N” y Gibrán Francisco “N”, fueron vinculados a proceso Luis Alberto “N”, exsecretario general; Ileana Enriqueta “N”, extesorera municipal, y Olegario “N”, exdirector de Catastro del XV Ayuntamiento de Mulegé.
La Fiscalía informó que la investigación continuará debido a que existen indicios de que otros exservidores públicos del XV Ayuntamiento de Mulegé también habrían recibido títulos de propiedad de predios presuntamente asignados de manera ilegal.
Como parte del proceso, el Juez de Control impuso a las personas vinculadas diversas medidas cautelares, entre ellas la prohibición de salir del país sin autorización, no acercarse al domicilio de la parte ofendida y restricciones para convivir, comunicarse o acercarse a determinadas víctimas, ofendidos o testigos, siempre que ello no afecte su derecho de defensa.
Durante la audiencia inicial, celebrada el 21 de septiembre, el Juez de Control estableció un plazo de seis meses para el desarrollo de la investigación complementaria.
La vinculación a proceso no implica una sentencia de culpabilidad, por lo que las personas imputadas mantienen su derecho a la presunción de inocencia mientras continúa el procedimiento judicial.
