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Activistas acusan que carretera costera en Cabo del Este busca abrir paso a nuevos desarrollos turísticos

Organizaciones civiles de Los Cabos cuestionaron la propuesta del empresario Eduardo Sánchez Navarro de construir la carretera costera de Cabo del Este a por lo menos un kilómetro de distancia de la playa, al considerar que esta disposición podría reservar terrenos junto al mar para futuros desarrollos turísticos y limitar el acceso público a la zona costera.

Representantes de Defensa del Camino Costero, México Unido por sus Playas, Somos, A.C., y Huellas Verdes fijaron su postura tras las declaraciones realizadas el pasado 28 de octubre por el presidente de Grupo Questro, quien planteó que la vialidad funcionara como una barrera entre la zona urbana y los terrenos destinados a futuros proyectos turísticos.

Durante un posicionamiento público, los activistas señalaron que el trazo histórico del camino costero comprende 94 kilómetros, desde San José del Cabo hasta La Ribera, aunque existe un tramo de 3.9 kilómetros sujeto a litigio, donde se encuentra el desarrollo Puerto Los Cabos, propiedad del mismo empresario.

El documento, leído por el artista plástico y representante de Somos, Víctor Adrián Trujillo Muñoz, advierte que en algunas zonas las playas se encuentran privatizadas de facto debido a la falta de accesos públicos que, de acuerdo con los activistas, deberían estar garantizados por ley.

Consideraron que establecer la carretera a un kilómetro del litoral dejaría una franja de terreno susceptible de aprovechamiento turístico, en lugar de destinarla a actividades de convivencia social, recreación, trabajo y preservación de la identidad histórica de las comunidades costeras.

Los representantes de las organizaciones calificaron la propuesta como una posible estrategia de exclusión territorial y cuestionaron que la vialidad sea concebida como una barrera para separar espacios, en vez de garantizar la movilidad y el acceso de la población a las playas.

Ante este escenario, demandaron que el proyecto se revise bajo criterios de justicia ambiental y ordenamiento urbano participativo, con el propósito de garantizar el derecho de las comunidades al territorio, los espacios naturales y su patrimonio costero.

NBCS Noticias

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