“Necesario educar a las y los funcionarios en la cultura de la legalidad, la transparencia y rendición de cuentas”: Christian Agúndez
Los ciudadanos quieren y necesitan que los servidores públicos les rindamos cuentas claras y digamos qué gastamos, en qué y por qué gastamos, para ver si cumplimos o no con la ley, eficientando el gasto público y sancionarlos cuando cometen algún delito o falta administrativa, afirmó el diputado Christian Agúndez Gómez, presidente de la Comisión Permanente de Vigilancia de la Auditoria Superior del Estado.
A través de un pronunciamiento presentado en la sesión ordinaria de este martes, el representante popular, consideró que es necesario educar a las y los funcionarios en la cultura de la legalidad de la transparencia y de la rendición de cuentas, esto implica hacer lo que les marca la ley, ajustarse al marco normativo, no actuar con base en intereses o caprichos personales y económicos; “La sociedad demanda a todos los gobernantes sin distingo de colores y con independencia puesto o nivel jerárquico de los poderes públicos a que rindamos cuentas claras sobre los recursos públicos que ejercemos”, adujo.
Al informar al pleno aspectos relevantes de la presentación de las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2021, a cargo de las entidades fiscalizadas incluidas en el Programa Anual de Auditorías de ese Ejercicio, a partir de los reportes elaborados por la Auditoría Superior del Estado y los trabajos realizados por la Comisión Vigilancia de la Auditoría Superior del Ejercicio Fiscal 2021.
En ese contexto, destacó que fueron incluidos y agrupados 36 entes públicos con total de 56 auditorías que de ellas fueron 35 del tipo de cumplimiento y gestión financiera y de obra pública; 11 de desempeño a las entidades fiscalizadas incluidas en el programa anual de auditorías del ejercicio fiscal 2021, las cuales arrojaron los siguientes datos resultados de observaciones 1580 solventados 820 no solventados 760 de la 56 auditoría practicada: Se emitieron 17 dictámenes positivos y 17 dictámenes negativos, los cuales implican que dicha entidad fiscalizadora propuso por conducto de la Comisión de Vigilancia en 17 casos se aprueben las cuentas públicas de 2021 y en 19 casos no se aprueben las cuentas públicas de los entes públicos fiscalizados.
Las principales observaciones interno fueron no contar con un control interno efectivo que proporcione una seguridad razonable con miras a la consecución de objetivos institucionales; falta de lineamientos establecidos para el control y manejo de los fondos revolventes; falta de manual general de organización y falta de reglamento interior de trabajo las principales observaciones no solo entradas en materia sistema y registro contable fueron no contar con un sistema de contabilidad que reflejen los estados financieros armonizados de acuerdo a los criterios generales que rigen la contabilidad gubernamental; la falta de conciliación de los inventarios de almacenes de bienes muebles e inmuebles, del padrón vehicular con los registros contables; falta de depuración de antigüedad de los saldos que contienen los estados financieros; falta de depuración de movimientos bancarios en tránsito existen; también resultados reincidentes respecto a auditorías de ejercicios anteriores.
En materia de cuenta pública, las principales observaciones no solventadas fueron cumplir con la entrega de la cuenta pública en tiempo, pero de manera incompleta; no contar con el plan de cuentas alineado al CONAC; no contar con tabulador de viáticos vigente y autorizado; no presentar las actas de su máximo órgano de gobierno, celebrados durante el ejercicio y no presentar las bases de datos de los ingresos de su sistema implementado.
En materia de transparencia, las principales observaciones no solventadas fueron la falta de publicación de la información contable presupuestaria y programática; la falta de publicación de los inventarios de bienes muebles inmuebles y del padrón vehicular; la falta de publicación de las ayudas sociales otorgadas.
En materia de cumplimiento disposiciones fiscales y administrativas fueron la falta de pago de las cuotas de seguridad social ISSSTE o FOVISSSTE; falta de pago de retenciones de impuestos ante el SAT; falta de presentación de los informes sobre el ejercicio de sus funciones; falta de medidas para el control y manejo del personal.
En materia de deuda pública, fueron la falta de autorización por la legislatura local, sobre los montos máximos para la contratación de financiamientos y obligaciones a largo plazo la falta de inscripción al registro público; falta documentar los procedimientos adquisiciones de bienes y o servicios de acuerdo con los criterios de las excepciones a la licitación pública de acuerdo a los artículos 51 y 53 de la Ley de Adquisiciones del Estado.
En materia de egresos en general fueron de combustibles y, aunque se anexan las bitácoras de combustibles, carecen de control adecuado, lo mismo de asesorías y servicios profesionales carecen del informe final de los trabajos realizados; no contar con el dictamen del área respectiva de que no se cuentan con personal capacitado o disponible para su realización.
En lo que concierne a las ayudas sociales, falta de documentación de las personas beneficiadas y se entregan de manera discrecional.
En obra pública, fueron la falta de documental los expedientes unitarios de obra realizadas durante el ejercicio; la falta de evidencia de pago de estimaciones pagadas.
En el rubro de ingresos, no emitir los comprobantes fiscales digitales de los ingresos; diferencia entre la base de datos de ingresos y los registros contables y la falta de autorización y registro contable de los ajustes y descuentos aplicados en el ejercicio.
En materia de presupuesto, fueron no elaborar los presupuestos basados en resultados; ejercer recursos superiores a los presupuestados; los presupuestos de ingresos y de egresos debiendo ser congruentes y que exista un techo presupuestal; la falta de autorización y publicación de los presupuestos modificados al cierre del ejercicio.
En materia de desempeño, fueron la falta de implementación del presupuesto basado en los resultados la falta de implementación de un sistema de evaluación de desempeño la falta de implementación de metodología de marca lógico y la falta de matriz de indicadores de resultados.
Finalmente, el diputado Agúndez Gómez, acotó desde tribuna, que la transparencia y la rendición de cuentas, implica que todos los funcionarios deben informar sobre lo que hacen en su carácter de servidores públicos, cómo lo hacen y cuándo lo hacen, informando detalladamente sobre los gastos con cargo al presupuesto que administran y ejercen.
