Recibe Congreso de BCS minuta de la Cámara de Senadores de Ley 3 de 3
Durante la sesión del martes 09 de mayo, la XVI Legislatura del Congreso de Baja California Sur recibió la minuta con proyecto de Decreto de la Cámara de Senadores que reforma a la Constitución, en materia de suspensión de derechos para ocupar cargos, empleo o comisión del servicio público, popularmente denominada “Ley 3 de 3”.
La reforma constitucional aprobada por ambas cámaras del Congreso de la Unión, reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los que se adiciona que en los casos de los derechos de los ciudadanos se suspenden cuando “Por tener sentencia firme por la comisión intencional de delitos contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; por violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos”.
Por ser declarada como persona deudora alimentaria morosa. Y en los supuestos de esa fracción, la persona no podrá ser registrada como candidata a cualquier cago de elección popular, ni ser nombrada para empleo cargo o comisión en el servicio público.
Contempla también a la titularidad de la FGR adicionando que, “Para que una persona pueda ser titular de la Fiscalía General de la República se requiere ser ciudadana mexicana por nacimiento en ejercicio de sus derechos (…)”.
La minuta mandata un periodo de 180 días naturales siguientes a la entrada en vigor de dicho decreto para que el Congreso de la Unión y las legislaturas estatales armonicen sus constituciones y demás legislación para dar cumplimiento al decreto.
Fue turnada a la Comisión Permanente de Puntos Constitucionales y de Justicia para su análisis y dictaminación.
Cabe recordar que el pasado 07 de febrero las diputadas Gabriela Cisneros y Teresita Valentín propusieron reformar la Constitución del Estado, las leyes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Electoral y la Ley Orgánica de la Administración Pública, con el fin de establecer estos lineamientos como requisitos de elegibilidad, para quienes quieran ocupar un cargo público.
