Proponen sancionar la injerencia de servidores públicos en procesos sindicales
La diputada Lourdes Cornejo Rendón y el diputado Martín Escogido Flores, integrantes de la Fracción Parlamentaria del Partido Nueva Alianza, presentaron una Iniciativa con Proyecto de Decreto para fortalecer la autonomía sindical en Baja California Sur y erradicar prácticas de injerencia por parte de personas servidoras públicas.
La propuesta contempla la adición del artículo 75 Bis a la Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, así como del artículo 64 Bis a la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado y Municipios, con el objetivo de delimitar y sancionar de manera clara los actos que vulneren la libertad sindical.
De aprobarse, la reforma establecerá que los sindicatos deberán gozar de protección efectiva contra cualquier forma de intervención en su constitución, funcionamiento, administración y en los procesos de elección, reelección o destitución de sus dirigencias. Cualquier contravención será considerada falta administrativa grave y sancionada conforme a la ley.
“La iniciativa define como “injerencia sindical” conductas como coaccionar o amenazar a trabajadores para influir en su voto; ejercer presión jerárquica sobre subordinados; condicionar servicios, apoyos, licencias, ascensos o beneficios laborales; utilizar programas sociales, recursos públicos, instalaciones o personal institucional con fines proselitistas; así como difundir propaganda institucional para favorecer o perjudicar a alguna planilla o dirigencia sindical.
Asimismo, se establece la responsabilidad administrativa de toda persona servidora pública que incurra, directa o indirectamente, en estas conductas, reforzando la obligación de actuar con imparcialidad y neutralidad institucional durante los procesos sindicales.
Al presentar la iniciativa en tribuna a nombre de la fracción, la diputada Lourdes Cornejo subrayó que la reforma busca cerrar el paso a prácticas del pasado y garantizar un nuevo estándar de legalidad:
“La autonomía sindical ya no puede ser un ideal. Debe ser un derecho real, protegido y exigible. Hoy damos un paso firme para honrar la libertad de las y los trabajadores”, expresó.
Con esta propuesta, que fue turnada a la comisión permanente de Asuntos Laborales y Previsión Social, para su análisis y dictaminación, el Congreso del Estado abre la puerta a un marco jurídico más claro y contundente que fortalece la democracia sindical y protege la libertad de decisión de la base trabajadora.
