Crecimiento urbano pone en riesgo el abasto de agua en La Paz
La falta de agua que enfrentan diariamente miles de familias en La Paz ha colocado nuevamente en el centro del debate la necesidad de ordenar el crecimiento urbano y revisar la viabilidad de nuevos desarrollos inmobiliarios en la capital de Baja California Sur.
De acuerdo con el planteamiento expuesto, 83 por ciento de las familias paceñas no tendría acceso diario al agua, una situación que obliga a algunos hogares a almacenar el líquido durante la madrugada, racionarlo para las actividades básicas o recurrir a la compra de pipas, con gastos que pueden superar los 3 mil pesos.
Ante este escenario, la postura del gobernador Víctor Manuel Castro Cosío de establecer límites a la expansión inmobiliaria cobra relevancia, particularmente frente a la presión que el crecimiento urbano ejerce sobre los recursos hídricos disponibles.
Durante los últimos años, La Paz ha experimentado un acelerado desarrollo inmobiliario, con nuevos complejos habitacionales, condominios y proyectos turísticos que incrementan la demanda de agua en una ciudad cuyo abastecimiento depende principalmente de fuentes subterráneas.
El debate también involucra a los sectores empresarial e inmobiliario, que han advertido sobre los posibles efectos que tendría restringir nuevas construcciones en materia de empleo, inversión y certeza jurídica.
Sin embargo, especialistas y sectores sociales han planteado que la discusión debe partir de una pregunta fundamental: ¿cuánta población y qué tipo de desarrollo puede soportar La Paz con los recursos hídricos disponibles?
Uno de los principales riesgos señalados es la sobreexplotación de los acuíferos, que puede favorecer procesos como la intrusión salina y comprometer la disponibilidad futura del agua.
Bajo esta perspectiva, permitir un crecimiento urbano sin considerar la capacidad real de abastecimiento podría terminar afectando no solamente a las familias, sino también a la propia actividad turística e inmobiliaria que sostiene una parte importante de la economía estatal.
La discusión ha llevado al Gobierno del Estado a plantear una mayor coordinación con el Congreso local y los ayuntamientos para revisar el desarrollo urbano, las autorizaciones y las condiciones de infraestructura de los proyectos inmobiliarios.
Entre las medidas que se han puesto sobre la mesa se encuentra la revisión de obras actualmente en construcción, el ordenamiento de plataformas de alojamiento temporal y la evaluación de nuevos proyectos antes de otorgar autorizaciones que impliquen una mayor demanda de agua.
Aunque alternativas como la desalación y el fortalecimiento de la infraestructura hidráulica forman parte de las posibles soluciones a mediano y largo plazo, el reto inmediato es garantizar que el crecimiento de La Paz sea compatible con la disponibilidad del recurso.
El planteamiento central es que proteger el derecho humano al agua no significa detener el desarrollo económico, sino establecer límites y reglas que permitan que la inversión y el crecimiento urbano sean sostenibles.
En una ciudad donde cada vez más familias enfrentan problemas para acceder regularmente al agua, la discusión sobre cuánto y cómo puede crecer La Paz deja de ser únicamente un asunto de desarrollo inmobiliario para convertirse en un tema de seguridad hídrica y justicia social.
